Cabildo Temático Desplazamiento forzado

En nuestro País el desplazamiento, es desconocido por quienes ostentan el poder político y económico y los principales soportes de estos modelos de gobernabilidad, que son los medios de comunicación, hablados, escritos y televisados. Las organizaciones de población desplazada que suscribimos el presente documento, nos sumamos a la preparación y desarrollo de la marcha patriótica, con el siguiente análisis.

Para referirnos al desplazamiento, es necesario recordar que este empezó con la invasión Española en 1492 que produjo el exterminio masivo de los Indígenas Mayas y Aztecas en México, Incas en el Perú, Chibchas y otras etnias, en lo que hoy se denomina el territorio colombiano y los que por fortuna, no fueron exterminados, fueron desplazados a lo profundo de las selvas del hoy denominado territorio latino-americano.

El siglo XX que es el más referenciado por nosotros, se caracterizó por la oleada de desplazamiento, dentro de esos ejemplos históricos de terrorismo, propiciado por la clase oligárquica y gobernante, en una de las etapas más criminales, hasta ahora conocidas: la década de los 50s: de cada 10 Colombianos, vivían 7 en el campo y 3 en poblados y ciudades y los regímenes de la época, encabezados por Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, que valiéndose de bandas de policías Chula vitas y Pájaros, hoy, más conocidos, como grupos paramilitares, desarrollaron el terror criminal, contra bastas regiones Campesinas é Indígenas y Afro-colombianos, con el propósito de despojarlos de sus tierras y territorios.

Lo anterior, arrojó como resultado, que se invirtieran los números: de cada 10 colombianos, solo quedaron 3 en el campo y los demás, fueron brutalmente asesinados, desaparecidos o desplazados, a los poblados y ciudades. Esta etapa de barbarie, finalmente fue consolidada con la alianza de los 2 partidos tradicionales, a través del frente Nacional, cuyo objetivo

principal, fue el reparto del poder político, en forma alternada, cada cuatro años.

El desplazamiento violento, le ha cérvido, para conseguir 2 objetivos: Uno, desarticular los movimientos políticos de los obreros, campesinos é Indígenas y Afro-colombianos, dos evitar que en Colombia halla una verdadera reforma agraria. Estas causas fueron las verdaderas razones que dieron origen al surgimiento de la resistencia campesina é indígena, que se ha prolongado sin tregua hasta nuestros días, en la búsqueda de un futuro mejor para nuestro pueblo.

Otro ejemplo de la victimización del pueblo trabajador, lo constituyen los últimos 24 años: masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, encarcelamientos en masa, falsos positivos, violaciones, etc., son el pan de cada día. Esa fue la respuesta de la extrema derecha oligárquica, a lo que pudo ser la oportunidad, para que se diera una salida negociada al conflicto social y armado que afronta el país. En 1986, volvieron a repetir la historia de los 50s, estructuraron el sicariato, que finalmente fue perfeccionado, con la conformación de los ejércitos paramilitares. Esta vez contaron con un excelente aliado; los famosos carteles de las droga, que se fusionaron con el paramilitarismo y la para política y como resultado de esta mescla, surge el para Estado.

Al sembrar el terror en los campos, produjeron y continúan produciendo la segunda oleada más grande del desplazamiento del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, según estimativos, hay cinco millones de desarraigados; cabe destacar que muchas víctimas de este flagelo, por falta de orientación, no declaran, otros porque no le ven importancia a ese hecho y otros porque el gobierno, manipula y les niega la inclusión en el RUD, sobre todo, cuando el declarante, sindica de su desarraigo, al Estado o a los paramilitares, aduciendo además que estos últimos ya no existen.

Esta política criminal les ha reportado a su favor: según informes recientes; el 0,4% de los terratenientes, entre los que se encuentran los narco para militares, poseen el 61.8% de las mejores tierras y el 99.6% de los habitantes del campo, poseen el 38.2%, a lo que se suman un millón quinientas mil familias rurales desposeídas y en condiciones de miseria. Hoy le han sumado, dos jugosos negocios más: el mercado de la vivienda en las ciudades que

crecen en forma acelerada y en desorden y los urbanizadores multiplican sus ganancias y el otro: el mercado laboral que les permite, regocijarse con un ejército de desocupados que claman un mísero salario.

Este corto análisis de la historia del desplazamiento, en nuestro país, nos lleva a concluir que la estrategia política de los gobernantes de turno, consiste en mantener dispersos a los movimientos sociales y muy especialmente a los desplazados: nos destierran de las regiones de origen y refuerzan dicha estrategia en los poblados y ciudades, para que aun, integrados en pequeñas organizaciones, nos mantengamos divididos, sumándose a esto el tratamiento individual de toda esta problemática, incluso intentando desprestigiar a la dirigencia, con el claro propósito de restarnos capacidad para organizar las verdaderas acciones que se requieren para conquistar una solución definitiva a este flagelo.

Los desplazados no somos desplazados "por la violencia" si no que la violencia es sólo el instrumento que se utiliza para expulsar a la población. Las verdaderas razones y causas del desplazamiento son cuatro:

1. El control de territorios por su significado militar y político dentro de la confrontación armada, pues tal como lo afirma Gustavo Zarate “La disputa de la tierra como base material del control territorial, le da a la tierra un valor no solo socioeconómico sino que se convierte en factor estratégico para los proyectos insurgentes y contrainsurgentes que hacen presencia en el territorio en disputa... En este contexto, se ha perseguido y desplazado a los productores de la economía campesina bajo el pretexto de eliminar la base de apoyo de la insurgencia armada, lo que en la práctica ha significado la imposición de una contrarreforma agraria”

2. El control de territorios estratégicos por sus recursos o por la perspectiva de beneficios derivados de la próxima instalación en ellos de proyectos de desarrollo de gran envergadura. Al respecto es bastante ilustrativo el economista Héctor Mondragón, cuando afirma que “se ha globalizado el problema agrario... El campesinado ya no enfrenta solo ni principalmente a la vía terrateniente sino especialmente al capital transnacional y su modelo de globalización,

que necesita limpiar el territorio de gente ineficiente y lo está tratando de hacer mediante la guerra... El sector agropecuario es considerado, en la práctica y en los planes de desarrollo globales de las transnacionales, como algo subordinado. Hay otras ramas que son prioritarias y es a partir de ellas que se realiza una contrarreforma agraria. Son los sectores petrolero, minero y vial los que se consideran fundamentales y se han tomado medidas, y se van a seguir tomando medidas legales e ilegales de orden expropiatorio en contra de los campesinos, indígenas, comunidades negras, en torno a lo que son los proyectos petroleros y mineros, los megaproyectos eléctricos o viales y los proyectos de palma africana, madereros y de exploración biológica y genética que se realizan en diferentes sitios del país.

3. Cuatro megaproyectos viales terrestres - fluviales – portuarios realizables a largo o muy largo plazo, deben ser especialmente mencionados:

* El canal seco Atlántico – Pacífico (Atrato – Truando) y sus conexiones con el ferrocarril Medellín – Buenaventura y las carreteras del Pacífico a Medellín y Pereria.

* La carretera Urabá – Maracaibo (Venezuela)

* La intercomunicación río Orinoco – río Meta – Buenaventura.

* La intercomunicación fluvial de Sudamérica: río de la Plata – Amazonas – Napo – Putumayo – Tumaco, con puerto fluvial y seco en Puerto Asís.

El canal seco Atlántico – Pacífico, de las vecindades del Atrato, es una prioridad porque está dentro del proceso global económico y se le asigna a Colombia. Allí se desarrolla un violento proceso expropiatorio, al igual que en las tierras de Córdoba y Cesar que están sobre la proyectada autopista Urabá – Maracaibo. En el río Meta (Puerto López, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa), se ha producido durante las últimas dos décadas, una masiva compra de tierras y presencia de paramilitares financiados por los compradores. Este es el proyecto al que se le apostó en el gobierno Pastrana y cuya pieza básica es la privatización del río Meta, anunciada por el Ministerio de Transporte”

4. Una cuarta causa y que se deriva de la anterior, la constituye la intención estatal de insertar regiones tradicionalmente excluidas del proyecto Nación a éste, cuando durante todo ese tiempo de exclusión en estas zonas se consolidó un proyecto propio y autónomo, que no siempre converge con el estatal, por lo cual el Estado debe negociar con los micro poderes locales o recurrir a la fuerza para imponer su proyecto, agravando la situación de violencia y generando desplazamientos forzados.

Atraviesa a las anteriores razones de desplazamiento “un patrón de concentración de la propiedad que es posible asociar con los comportamientos migratorios: Los departamentos en donde existen los mayores niveles de concentración de la propiedad tienen a ser los lugares de origen de las mayores migraciones y en donde ocurren los mayores desplazamientos violentos”

El anterior contexto nos permite ubicar el desplazamiento forzado vinculado a factores estructurales de expansión del capital y a la necesidad de control y expansión del Estado modernizante, retomando a Mondragón, pareciera que “no solo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados”.

Así, el desplazamiento forzado, se ha constituido en la herramienta más efectiva para la consolidación de intereses políticos, y de proyectos económicos principalmente de transnacionales extranjeras, detrás de los cuales está la estrategia de grupos paramilitares, responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, y que han actuado en muchos casos bajo la complicidad y anuencia de diversos órganos del Estado y de narcotraficantes, con el objetivo de lograr la expansión de su control social y político a través de todo el territorio nacional.

Si los millones de desplazados continuamos dispersos por todo el país, en pequeñas organizaciones, sin capacidad de convocatoria, apenas ayudando a resolver pequeños problemas de nuestros respectivos afiliados, estaríamos navegando eternamente en un círculo vicioso y la suma del desplazamiento, continuaría creciendo para bien de los verdaderos dueños del país.

La crisis humanitaria se agudiza; para solo citar un ejemplo, según estadísticas, entran a Bogotá 53 familias diarias, en condición de desplazados, sumemos el resto que entra a las demás ciudades y poblados del país y entenderemos la magnitud del problema. No esperemos que el desplazamiento de los que por fortuna logramos sobrevivir a este conflicto, nos asfixie, sentemos las bases de la unidad nacional, alrededor de un programa que contemple todos los objetivos comunes, para conquistar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas.

Tenemos que agregar, que el Estado y sus gobernantes de turno, han maniobrado, a través de decretos y leyes tramposas y amañadas, para desconocer su propia responsabilidad, frente a esta endemia, señalando como únicos culpables a los grupos denominados al margen de la ley y para completar la burla, señala en su legislación, que el espíritu de reparación por estos efectos, es solidario, dicho de otra manera, nos aplican la guerra para desterrarnos y luego le tenernos que dar las gracias por las migajas de la llamada reparación por vía administrativa. De este paquete legislativo, que hábilmente ha logrado construir el actual gobierno, de los cuales se derivan las llamadas políticas públicas, ninguno, califica para hablar de una verdadera reparación integral para las víctimas.

En materia de ayudas de emergencia, estas equivalen a migajas que no resuelven nada: el auxilio para mercado, arriendo y utensilios de cocina, para los que tengan suerte y se los aprueben, son un sofisma de distracción que mitiga por una vez la necesidad y los que tienen suerte y les aprueban, el millón quinientos mil pesos, en su mayoría, tienen que dedicarse a vender minutos en la calle, o tamales en una halla callejera ¿con esta solución, podremos sentirnos reparados, después que debido al desarraigo, hemos perdido en finca, semovientes y otros, mucho más que eso?.

Otro tema importante en el proceso de construcción de la agenda común para la unidad programática y a futuro orgánica, está relacionado, con los demagógicos subsidios de vivienda que nunca llegan, otra: la famosa reubicación, sin contar los riesgos a que han sido sometidas estas familias, que han tenido que re-desplazarse, o han caído víctimas de los narco-para-terratenientes.

Siguiendo con el tema, nos referimos a los derechos humanos, que encierran la medula de este flagelo, incluyendo el derecho a la vida, que en si es lo mas preciado, pues no podemos contentarnos o convencernos de los anuncios demagógicos del gobierno, cuando siguen las masacres, asesinatos selectivos, encarcelamientos, que se enmarcan dentro de los mal llamados, “falsos positivos” bajo la conocida sindicación de supuestamente pertenecer a las guerrillas: siguen los bombardeos, las amenazas y finalmente el flagelo del desplazamiento, continua intacto.

Para preparar las bases de un proceso unitario, alrededor de las víctimas de este flagelo, debemos recorrer un largo trecho, ya que como lo hemos reiterado, las estrategias gubernamentales, en todo sentido, van encaminadas a dispersar y dividir al movimiento, como garantía, para consolidar el desplazamiento.

Frente a estas consideraciones, que son un abre bocas de la rica discusión que nos debe concitar, proponemos que el cabildo, derivado de la marcha patriótica, se convierta en permanente, para debatir los grandes problemas que aquejan a nuestro país y que en el problema puntual de los desplazados, nos sirva para promover con mayor éxito nuestro primer congreso de unidad de las víctimas de este flagelo criminal. Chutemos a todas nuestras organizaciones hermanas del país, este urgente llamado, consignado en este documento, para que empecemos a construir la mencionada agenda unitaria.

Los retos del presente periodo

* Las OPD que suscribimos el presente documento, proponemos al conjunto de organizaciones de población desplazada del país, acompañar la petición a la corte constitucional, para que no levante la medida de estado de cosas inconstitucional, hasta tanto no haya soluciones de fondo a la grave situación de la PD, consideramos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ha actuado con negligencia, frente a las órdenes emanadas de la corte, con evidente falta de voluntad política para dar solución duradera a la problemática de la población desplazada.

* Propuestas de incidencia en política pública.

* Prevención del crimen de desplazamiento.

* Proponemos abrir el debate sobre las mediadas que deben adoptarse para dar por terminada la reproducción de este crimen de lesa humanidad, para ello es necesario que la sociedad entera se levante en la exigencia de solución política negociada al conflicto, transitando por la superación de todas la causas que lo generaron.

Medida urgente en este sentido es la implementación de una reforma agraria de carácter democrático, que devuelva a los campesinos la tierra usurpada y se creen las condiciones para qué la economía campesina resurja con la vitalidad económica que permita su viabilidad, particularmente, favoreciendo la producción de alimentos, en este sentido la campaña considera que la suscripción de TLC deben darse en términos de igualdad y respeto a la soberanía nacional y los derechos humanos, una medida transitoria debe ser el establecimiento de zonas de reserva campesina, zonas humanitarias, distritos agrícolas y de otros mecanismos.

* Un debate necesario en el tema del desplazamiento, es la discusión de la declaración de una emergencia social y humanitaria que permita adoptar medidas en materia de tierras, vivienda, salud, retornos, titulación, exenciones tributaria a los campesinos, verdad, justicia, reparación integra, restitución de bienes y garantías de no repetición. Consideramos que hoy está agotada la vía legislativa para dar soluciones duraderas a las víctimas del conflicto, por tanto abogamos por el establecimiento a partir de la emergencia social y humanitaria de un estatuto para la prevención y superación definitiva del crimen del desplazamiento.

* Proponemos la creación de un ente mixto de manejo de la problemática del desplazamiento, integrado tanto por organizaciones de población desplazada, instituciones gubernamentales y representantes de la sociedad civil que vienen formulando una serie de propuestas e iniciativas para la superación del estado de cosas inconstitucional, a cargo de este ente mixto, estará el manejo del fondo para la superación del estado de cosas inconstitucional.

* Las organizaciones de PD insistimos en la necesidad de una ley de víctimas que realmente permita que las víctimas del desplazamiento puedan acceder

a los derechos a verdad, justicia y reparación integral y no repetición, seguimos considerando que el decreto 1290/08, no satisface plenamente estos derechos, tampoco lo hacen la ley 975/05 o Ley de justicia y paz.

* Respecto a temas como reparación, retorno, reubicación y titulación, las OPD consideramos que actualmente no existe por parte del gobierno ningún tipo de propuesta que permita a las víctimas del desplazamiento alternativas seguras y de estabilización socioeconómica, por tanto se exige que el gobierno abra los escenarios institucionales y se convoque a las organizaciones de población desplazada para el diseño de programas reales que permitan a los desplazados el acceso a estos derechos de manera más efectiva.

Rechazamos la práctica que al actualmente impulsa acción social y de algunos gobiernos territoriales de incluir en las cifras de retornos exitosos, los desplazados con inscripción en el registro, que se vieron obligados a regresar a sus territorios sin que a ellos se les haya reconocido los más mínimos derechos y garantías.

* En materia de protección de tierras y prevención del desplazamiento demandamos del gobierno nacional una política más audaz que no permita la venta de tierras en zonas donde continúan actuando los grupos y bandas emergentes. Proponemos se incorporé a ruta de protección la propuesta de catastro alternativo del despojo como herramienta para la protección de los bienes de la población desplazada. Así mismo, solicitamos se legisle prontamente para permitir la condonación de todas las deudas de impuesto predial, de servicios públicos y créditos agrarios de las tierras de las víctimas del desplazamiento.

* El derecho a la Salud de la población desplazada, cada día es más inaccesible, por tanto las OPD, propone el establecimiento de un pos especializado para las víctimas del crimen del desplazamiento, el cual debe contener, atención integral a todas las enfermedades que presenta la población desplazada, incluidos el tratamiento, los medicamentos y las cirugías requeridas, la salud para la población desplazada de estar a cargo de los recursos del gobierno nacional y no puede representar un ningún tipo de costos ni barreras en el acceso para los desplazados.

* En materia de educación exigimos la gratuidad absoluta para la educación de población desplazada en todos los niveles, incluyendo programas de estímulos y facilidades para la formación media, técnica y profesional de las familias desplazadas.

* En cuanto al derecho a la vivienda, queremos insistir en la urgente necesidad que desde el gobierno nacional se apropien los recursos necesarios para el desarrollo de un programa de vivienda de interés social por auto construcción, que construya por lo menos 100.000 soluciones, cada año, viviendas urbanas y rurales, de un área no un menor a 72 m², respetando la diversidad regional y cultural, estas deben otorgarse a familias de población desplazada, de manera gratuita.

* Entre las medidas urgentes que deben diseñar los gobiernos nacional y territorial, para brindar alternativas serias de superación de la problemática del desplazamiento, proponemos la creación de programas de empleo estable y duradero que permita la vinculación de población desplazada.

* Las OPD insistimos ante el estado colombiano en la urgente necesidad de diseñar planes y programas efectivos que proporcione soluciones duraderas y prontas que le permitan a las mujeres desplazadas, el restablecimiento de sus derechos, tanto para el acceso a la tierra, la formación personal, la salud, sexual y reproductiva, el acceso al empleo, crédito y la protección a la honra, la integridad personal y la vida de las mujeres desplazadas.

* Frente al tema presupuestal y ante el grave reto que supone la superación del estado de cosas inconstitucional es necesario que el gobierno aumente los esfuerzos para la búsqueda de recursos que permitan elevar el presupuesto actualmente asignado, nos permitimos aquí bosquejar algunas iniciativas que podrían apuntar a triplicar este presupuesto, y crear un fondo especial para la superación del estado de cosas inconstitucional. El cual se establecerá a partir de las siguientes fuentes financieras:

• Destinar un punto del actual IVA, para el fortalecimiento del fondo

• Destinar un 25% del impuesto al patrimonio lo que significaría, una importante fuente de recursos para fortalecer las necesidades de la población desplazada.

• Orientar la totalidad del valor resultante de los remates a todos los bienes muebles y dineros incautados al narcotráfico y a los grupos armados ilegales para el fortalecimiento del mencionado fondo.

• Crear un gravamen transitorio para el sistema financiero que el año 2009 reportó utilidades superiores a los 4 billones de pesos

• Suspender las exenciones tributarias a las transnacionales y a la inversión extranjera lo que significaría un recaudo de cerca de 3.6 billones de pesos

• Devolución de la totalidad de los recursos regalados a los beneficiarios del programa agro ingreso seguro, a través de procesos jurídicos ejecutivos.

• Regalías, de las cuales proponemos se destine un porcentaje para el fortalecimiento del Fondo Integral a la Población Desplazada.

PROPUESTAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO

La respuesta más eficaz de las OPD en la lucha por la superación del estado de cosas inconstitucional, es el fortalecimiento de los procesos organizativos que permita aumentar la coordinación de iniciativas de movilización e incidencia en la política pública, en este sentido se permite poner en consideración las siguientes propuestas:

Congreso Nacional de población desplazada, el cual se propone se realice a partir de 18 eventos regionales durante el año 2010 - 2011, y un gran evento nacional en la ciudad de Bogotá que reúna a 1000 delegados surgidos de estos eventos preparatorios, el objetivo de este Congreso debe ser la realización de una evaluación política del la responsabilidad del estado colombiano para la superación del estado de cosas inconstitucional.

Igualmente se propone realizar el segundo tribunal internacional de opinión, el cual se realizaría en el año 2011, con la participación de por lo menos 30 jueces integrados por delegados de organizaciones políticas, sociales,

parlamentarias y gubernamentales y/o de cooperación, los cuales dotados de autoridad política y ética, escucharían los testimonios y casos documentados sobre el crimen del desplazamiento forzado interno en Colombia y la relación de éste con el despojo de tierras la impunidad y la corrupción.

Impulsar una escuela permanente de formación de OPD, financiada por el gobierno nacional y territorial, y desarrollada con la autonomía de las organizaciones, que permita la formación de líderes y lideresas de la población desplazada, preparados para la discusión y la incidencia la formulación de política pública.

El movimiento de desplazados, debe elaborar una encuesta, a partir de los comités departamentales y municipales de atención a la población desplazada, que permita evaluar hasta qué punto las víctimas del crimen del desplazamiento pueden percibir los cambios introducidos en la atención por el gobierno nacional o por el contrario identificar los retrocesos.

Proponemos se adopte los instrumentos elaborados por el catastro alternativo del despojo, para iniciar una campaña nacional de documentación de casos de desplazamiento-despojo que ha beneficiado a trasnacionales, terratenientes y para políticos.

Las OPD deben realizar una propia definición de goce efectivo de derechos, que defina lo que significa soluciones efectivas y duraderas para las víctimas del desplazamiento, el cual pueda aplicarse a lo largo y ancho del territorio nacional, a las comunidades étnicas, a las mujeres.