Masacre de La Rochela: "Colombia un Estado sin derechos"

Por: Plano Sur

Adentrarse en el Magdalena Medio Santandereano tras la búsqueda de historias de vida relacionadas con la reivindicación de la construcción de memoria histórica como fundamento de la dignidad, fue la apuesta de este equipo, quien en compañía de al menos 400 personas partió desde Medellín la mañana del martes hacia la ciudad de Barrancabermeja, Santander.

Una vez allí fue necesario un poco de descanso y, recargadas las energías, partimos nuevamente en caravana hacia la vereda de Bajo Simacota, llamada La Rochela, un caserío ubicado a unos veinte o veinticinco minutos a pie desde la vía Panamericana.

El encuentro no pudo ser más grato. Aproximadamente unas tres mil a cuatro mil personas provenientes de muchos puntos del territorio nos hicimos presentes para ser testigos de primera mano de la conmemoración de un hecho sangriento que hacía 23 años, exactamente el 18 de enero, dejó 12 funcionarios judiciales muertos, tres sobrevivientes, y 15 familias destrozadas, perseguidas, hostigadas y aún adoloridas.

Pero aquí no se hace necesario, quizá, adentrarse en el detalle de los hechos: que se trataba de una comisión que investigaba algunas desapariciones forzadas y asesinatos ocurridos en la región desde el año 1987, entre ellas la de 19 comerciantes. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha reconstruido ya los hechos con suficiente verosimilitud y entregó el informe los recoge, publicado en este portal web hace una semana.

Importa, sí, el hecho de que con esta masacre se envió con mayor claridad y contundencia el mensaje de que las alianzas entre narcotraficantes, paramilitares entrenados por Jair Klein, y miembros de la fuerza pública, servían para que algunos personajes como Alias el Negro Vladimir (única persona condenada en el país por la masacre), Gonzalo Rodríguez Gacha (extinto narcotraficante), Tiberio Villareal (congresista para la época de los hechos y una de las personas que más presión ejerció para que se “eliminara” la comisión de funcionarios), entre otros, se consolidaran en el poder regional y local; y en este afán de dominio territorial, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, es decir, pasar por encima del Derecho Internacional Humanitario y borrar de un tajo la distinción entre población civil y combatientes.

Ahora bien, esto es algo que saben muchas de las personas concurrentes al encuentro en La Rochela, incluso lo saben las víctimas. Todo obedeció a una estrategia de perpetuación de impunidad de los crímenes cometidos por fuerzas paramilitares, con la aquiescencia directa e indirecta de miembros de la fuerza pública. Y concretamente, al plan que surgió en una reunión realizada en una finca cercana al lugar de los hechos, donde concurrieron los personajes mencionados y otros más. Así que quienes creen que las fuerzas paramilitares surgieron por la ausencia del estado, se equivocan: fue con su connivencia y complicidad directa.

Casi a mediodía en la jornada conmemorativa se relataron detalladamente los hechos, los nombres delas víctimas, de las organizaciones sociales, campesinas y populares, y medios de comunicación presentes, y se contó –casi que no- con la presencia de algunos familiares de las víctimas, personas adoloridas y, algunas de ellas, convertidas en unas verdaderas luchadoras por la justicia, que en su sentir pasa porque se sepa qué ocurrió, por qué y a manos de quién, y no simplemente en la consignación de una suma de dinero que no puede cuantificar la ausencia de quienes amaron y cayeron muertos en desarrollo de su vocación de esclarecer la verdad. A continuación, algunos de sus testimonios y entrevistas otorgadas a este medio y a otros que concurrieron también al lugar.

Posteriormente, el descubrimiento de la placa conmemorativa con los nombres de las personas muertas y de los sobrevivientes, junto con una pequeña reconstrucción de la historia del caserío, y un pequeño texto que tiene por título “Colombia, un estado sin derechos”, bastante pertinente, dio a entender que la cicatriz no ha podido sanar del todo.

Y es que la lucha continúa. Las víctimas reclaman que los generales del ejército mencionados en los testimonios de los paramilitares que declararon sobre los hechos no han sido investigados, en parte gracias a su fuero militar, en parte porque actualmente la Fiscalía ha dilatado y no ha dado impulso debido a las investigaciones formales. Saben, son portadoras de la verdad sobre lo sucedido, pero a la vez son objeto de amenazas y hostigamientos de toda índole. Reclaman protección a su integridad personal, pero a cambio obtienen dilación.

Es que no importa realmente que se levanten placas en la memoria de lo ocurrido y las personas asesinadas. Quizá tampoco es importante, desde un punto de vista ético y hasta político, que haya sentencias condenatorias en masa por estos crímenes. El derecho penal poco tiene por aportar a este respecto. Se queda corto frente a las demandas no sólo de reparación, sino y sobre todo, de no repetición.

Lo importante, lo acuciante es que no se repitan estos hechos, que se respete la vida de toda la población civil –campesinos, obreros, estudiantes, funcionarios, entre otros-, que esta sociedad no puede tolerar más las terribles alianzas narco paramilitares con miembros del ejército, que el estado colombiano no puede ser más un agente connivente con las mismas, que este país tenga muy presente lo que pasó, y que la ley de víctimas es insuficiente para aportar efectivas verdad, justicia y reparación, entre otras; estas son algunas de las demandas de muchas de las organizaciones y personas asistentes a La Rochela. Y tiene que seguir siendo su estandarte de lucha. No porque se quiera perpetuar la victimización, sino para lograr cosas bien distintas: un trato digno hacia las gentes más humildes de esta tierra, y la garantía de que sus lazos de vida política en sus comunidades son intocables.

Plano Sur se une pues a este llamado, y da voz, sin censura ni vetos de ninguna clase, a quienes luchan por estas reivindicaciones de dignidad y respeto por la vida de parte del estado colombiano hacia sus ciudadanos, de un estado en el que, si su democracia funcionara, sencillamente estos hechos no ocurrirían.

Sigue el camino, pues, hacia la paz, y seguiremos presentes en sus avances.

¡QUE EL MIEDO Y EL OLVIDO NO SE APODEREN DE NUESTROS CORAZONES!

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Llamamiento Urgente a la Sociedad Colombiana por el Acuerdo Humanitario y la Salida Política a la Guerra

La Coalición Nacional e Internacional por el Trato Digno y la Libertad de Lxs Prisionerxs Políticxs LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS hace un llamado a la sociedad colombiana para que se pronuncie de manera contundente frente a la crisis humanitaria que aqueja al país y en especial, en relación a la urgencia de Acuerdos Humanitarios que conduzcan a escenarios de negociación entre el gobierno y la insurgencia, a que se movilice en dirección a conseguir una salida política a la guerra, en donde el Pueblo colombiano y el movimiento popular tengan una especial participación en la construcción de un país donde haya Paz con  justicia social.

Los recientes acontecimientos donde perdieron la vida cuatro de los seis retenidos de guerra,  próximos a ser liberados de manera unilateral por las FARC EP, han suscitado varias reacciones ante la opinión pública a través de los medios de comunicación, de varios sectores pertenecientes a las altas esferas del poder, de organizaciones sociales y populares y de víctimas en favor y en contra de un acuerdo humanitario. La sociedad está polarizada a causa de la intransigencia del Gobierno.

Como producto del manejo de estos hechos, se convocó por parte del gobierno a la marcha del 6 de Diciembre en contra del secuestro y de las FARC, constituyéndose ésta en una expresión más del empeño de las clases dominantes, en que la única salida al conflicto interno es la militar.

Convencidas como lo están hace más de medio siglo que la guerra se debe mantener para perpetuar su estadía en el poder, así lo tengan que hacer a costa de las vidas de miles de colombianos y colombianas que piden a gritos Paz, Dignidad y Soberanía.  Es por esto que cayeron los cuatro retenidos en lugar de poderse concretar un intercambio humanitario. Pues, hay que decirlo, el ejército que dice haber estado haciendo una “tarea de reconocimiento”, en realidad estaba intentando un rescate militar de los retenidos sin el consentimiento de sus familiares. De esta manera engañando a la sociedad, actitud no permitida por los Códigos Jurídicos Internacionales de Regulación de la Guerra.

El proceso otra vez truncado por el gobierno de intercambiar prisioneros no puede legitimarse ante los y las colombianas. Los esfuerzos hechos desde espacios como Mujeres  Gestoras del Mundo por la Paz, Colombianos y Colombianas por la paz, Los encuentros nacionales e internacionales por el Acuerdo Humanitario y la Paz, los Encuentros Regionales, Nacionales e Internacionales por la Libertad de Lxs Prisionerxs Políticxs son pasos certeros del movimiento popular y de los sectores que se han solidarizado desde la comunidad internacional para llegar a este momento de negociación y sensatez política.

La pérdida de los militares retenidos es muy lamentable, tan lamentable como la muerte de prisioneros políticos que han caído en manos del INPEC, que han sido torturados, víctimas de los tratos más crueles, inhumanos y degradantes, hacinados, aislados e invisibilizados en las cárceles colombianas. Los más de 7.500 prisionerxs políticxs en las cárceles de nuestro país y los prisioneros de guerra retenidos por las FARC EP han sido condenados por el régimen colombiano a permanecer eternamente así por obra y gracia del discurso anti-popular internacional gringo de la lucha  contra el terrorismo, que en todo caso, ayuda a proteger sus intereses de clase tanto en USA como en Colombia. Igualmente las personas extraditadas y detenidas ilegalmente a los EEUU hacen parte de esta tragedia.

 No desean los poderosos hacer el acuerdo humanitario ni la paz, no desean sentarse a negociar las transformaciones estructurales necesarias para acabar con la injusticia y el terrorismo de Estado porque no están dispuestos a soltar el poder, a permitir una reforma agraria y por supuesto, no  están dispuestos a que el Pueblo colombiano conduzca su destino y construya una Nación digna y verdaderamente independiente.   

Somos nosotrxs como Pueblo y Movimiento Popular organizado en diferentes expresiones, quienes tenemos como responsabilidad histórica hacer realidad la salida política y garantizar que los retenidos de guerra del gobierno y de las FARC EP sean liberados.

Unamos nuestras voces, nuestras fuerzas y logremos concretar la salida política. El gobierno y la insurgencia se tienen que sentar en la mesa de diálogo, no podemos seguir dejando desangrar la esperanza:

¡¡¡ Intercambio Humanitario ya y Salida Política a la Guerra!!!

Coalición Nacional e Internacional por el Trato Digno y la Libertad de lxs Prisionerxs Polítcxs

LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS  

Coalición Suroccidente.

Diciembre de 2011 

Cabildo Temático Conflicto Armado y Paz con Justicia Social

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CONFLICTO COLOMBIANO

Nuestra sociedad ha estado atravesada por el conflicto social armado desde la mismísima invasión europea hace más de 500 años. La frustración de la revolución de independencia gracias a la victoria de los santanderistas afianzó las bases de una desigualdad cebada desde la época colonial, que aunado al régimen político aristocrático y antidemocrático fueron el caldo de cultivo para los sucesivos estallidos de conflictos armados en nuestro país. La oligarquía que usurpa el poder desde hace casi 200 años decidió dar al traste con las reivindicaciones más sentidas de los campesinos, indígenas y artesanos que fueron la fuerza viva del ejército libertador y protagonistas esenciales del proceso independentista. Se negó la libertad de partos y se aplazó la abolición de la esclavitud, se desconocieron las medidas que concedían tierras a campesinos e indígenas, se exoneraron de los impuestos a los grandes terratenientes, y hasta se impidió el ascenso a los combatientes de origen humilde.

Durante 100 años los partidos tradicionales llevaron a los hijos del pueblo a la guerra, en función de intereses que beneficiaban fundamentalmente a las grandes élites. Sin embargo en los sectores del pueblo empezaba a hacerse incontenible el clamor de los viejos problemas irresueltos y los nuevos conflictos sociales que aparecían. Al avanzar el siglo XX el campesinado seguía sin acceso a la tierra, y el naciente movimiento obrero que luchaba por las reivindicaciones laborales más elementales era tratado no como un problema social sino de orden público, como lo mostraban los luctuosos hechos de Ciénaga en 1928.

Cabe resaltar que en dicho periodo de tiempo se organizan las ligas campesinas, compuestas por campesinos que trabajaban en las grandes haciendas cafeteras, y exigían aumento de sus salarios, y que las pesas con las cuales medían su trabajo, y por lo tanto su salario, estuvieran calibradas. Dicho movimiento agrario se fortalece con el incipiente proceso de Reforma agraria bajo la consigna “la tierra es para quien la trabaja”, pues les permitió apropiarse de los terrenos baldíos. Esta reforma fue implementada a través de la ley 200 de 1936 bajo la presidencia de Alfonso López Pumarejo. “Pero la reforma se suspendió en 1944 por presiones del Partido Conservador y de los mismos terratenientes liberales. Y aquí comienza a liquidarse la reforma agraria. La parálisis del proceso de distribución de tierras, fue lo que creó una condición general de violencia, tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal. Esto es un hecho significativo de este periodo. Es la gasolina de toda la violencia”.

La violencia generada por el Partido Conservador, concebida como oposición beligerante a la “chusma” –como definían al campesinado- da origen en la década de los años 40’s a la organización de grupos irregulares armados, llamados chulavitas o también conocidos como pájaros en diferentes zonas del país, que operaron junto con la policía con una clara orientación del Partido Conservador y la bendición de la Iglesia Católica. Estos grupos son los antecedentes de los paramilitares, pues el objetivo fue y actualmente es el mismo: desplazamiento, para eliminar al opositor con la muerte y destinar las tierras usurpadas a proyectos productivos agropecuarios. Las tierras o los lotes que quedaban “limpios” de liberales, los conservadores las daban a los chulavitas como forma de pago de estos “favores”, mientras a los campesinos desplazados les quedaban tres opciones: ir a las ciudades a convertirse en trabajadores, colonizar la montaña (selvas o páramos) ampliando la frontera agrícola o “enmontarse” y proteger la vida.

Estos graves hechos de violencia se agudizan con el asesinato del caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948, lo cual marca un recrudecimiento de la violencia tanto en la zona rural como urbana de ese entonces, cuyos mayores impactos agudizaron la acciones de los chulavitas en las zonas rurales del país. La muerte de Gaitán es un símbolo, pero no es el inicio mismo del conflicto armado actual, ya que éste se enraizaba en la tozuda y violenta respuesta latifundista a la justa reivindicación campesina, aunada a la política de Estado de persecución contra la oposición política y social.

En respuesta a la violencia que estaba generando los terratenientes, los campesinos que huyeron hacia la montaña se organizaron en grupos de resistencia armada. Estos grupos de tuvieron diferentes tendencias ideológicas y formas de actuar en medio de la violencia, variando de acuerdo a la región donde se encontraban. Es así como gran parte de estos grupos fueron organizados por el Partido Liberal en los años 50´s y apoyados económicamente por los comerciantes, ganaderos y terratenientes de este partido. Paralelamente, en las antiguas zonas de las ligas campesinas, cuyas orientaciones provenían del Partido Comunista, se organizan grupos de autodefensa, los cuales buscaron una solución para los campesinos que las conformaban, pues se armaron para proteger su vida, y la posibilidad de vivirla dignamente: mediante la posesión de tierra para trabajar. Inicialmente estas autodefensas aunque tuvieron una inclinación política, su labor giró en torno a las actividades cotidianas del campesinado de la época.

Las circunstancias que generaron este fenómeno son evidentemente políticas, económicas y sociales, y se relacionan íntimamente. Políticas en el sentido que el inicio del actual conflicto armado fue una respuesta popular a la violencia, que materializaba la forma de ejercer el poder o de gobernar. Y sociales y económicas, en el sentido que las condiciones de vida del campesinado (falta de tierra, pocas vías de acceso, ausencia de escuelas, etc.) y de los trabajadores generaron inconformidad y levantamientos de los campesinos principalmente en una lucha incesante por la tierra, en contravía de la creciente preocupación de los terratenientes.

Estos antecedentes son fundamentales para comprender cómo la historia que se esconde en la violencia bipartidista tiene otra cara: el interés de las clases dominantes de controlar económica y políticamente al país a costa de la muerte y desplazamiento de miles de colombianos. Estas circunstancias sociales, económicas y políticas han tenido cambios en el tiempo, sin embargo la violencia como forma de ejercer el poder en nuestro país, la concentración de la tierra en pocas familias, y la desigualdad social son constantes que aún persisten, siendo las causas principales del conflicto que vivimos a diario. La violencia bipartidista encubrió realmente una guerra de clase, una contra-reforma agraria efectiva y una urbanización obligada que sobre-ofertó obreros para la economía urbana, rebajando los salarios y aumentando las ganancias de las empresas.

Pero precisamente, ante la inexistencia de contradicciones irresolubles entre los partidos tradicionales mientras miles de sus copartidarios se enfrentaban a machete y escopeta, sus jefes naturales hacen las paces en las playas del Mediterráneo, llegando a un gran acuerdo nacional, pero sin el pueblo. Se promueve una política de desmovilización de los grupos armados, a los que acuden incluso las expresiones más radicalizadas de este inmenso movimiento insurgente. Sin embargo, el nuevo régimen ni siquiera está dispuesto a garantizar la vida de los campesinos que han entregado sus armas. En 1960 es asesinado, Jacobo Prías Alape, dirigente de las guerrillas comunistas del Sur del Tolima, llevando a muchos campesinos a temer por sus vidas y refugiarse en zonas de autodefensa.

El conflicto que no se resolvía por la ausencia de garantías para los dirigentes campesinos, arreciará por la intervención directa de los norteamericanos en nuestro país. El imperio del Norte, enceguecido por su confrontación de la Guerra Fría, y ante el efectivo despertar de movimientos guerrilleros inspirados en la revolución cubana por toda América Latina, da la orden del bombardeo a las zonas campesinas macartizadas por el conservador Gómez Hurtado como “repúblicas independientes”. Es así como de la agresión a las regiones de Marquetalia, El Pato, Riochiquito y Guayabero, surgen las actuales FARC.

Mientras tanto, otros sectores políticos expresando la inconformidad creciente de capas medias urbanas dan origen a otros grupos insurgentes como el ELN, el EPL, así como a otros tantos. El Estado buscó desde entonces la “salida militar” y declaró la guerra no sólo a estas organizaciones, sino gracias al seguimiento a pie juntillas de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, emprendió una persecución abierta contra cualquier expresión social no afín al régimen, en su paranoica teoría del “enemigo interno”, forma larvada de la actual diatriba anti-terrorista.

Así mismo, volviendo a su vieja usanza, las clases poseedores relanzas sus “pájaros” con especial furor desde la década del 80, ahora bajo el mote de paramilitares, con la innegable anuencia de los altos mandos y coincidiendo con el empoderamiento de los carteles del narcotráfico dentro la elite colombiana. En los 90s este fenómeno se eleva a una verdadera política de Estado, anclada no al combate militar de la insurgencia sino al control

político, la persecución al movimiento popular y la salvaguarda de los grandes intereses económicos de los capitales legales e ilegales.

CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO COLOMBIANO

El proceso histórico del conflicto colombiano no puede explicarse solamente desde sus características armadas sino desde las causas que dieron origen a estas organizaciones que decidieron ejercer la lucha armada.

El conflicto armado colombiano constituye entonces la expresión más evidente de un profundo conflicto social, que tiene su origen en las intensas desigualdades sociales existentes al interior de la sociedad colombiana, así como en el excluyente régimen político colombiano; la concentración de la tierra y de los demás factores de la producción, la exclusión de las mayorías de los mecanismos de toma de las decisiones políticas y económicas, el aniquilamiento físico de la oposición, como en el caso de la Unión Patriótica UP constituyen muestras de dicha realidad. La actual desigualdad social, ha sido una constante en nuestra historia y está fundamentada en el enriquecimiento de un sector minoritario de la sociedad mediante el desplazamiento del campesinado, la explotación de los trabajadores y el empobrecimiento del pueblo colombiano en general.

Pese a lo anterior, la posición oficial del régimen uribista ha sido la de desconocer las raíces sociales del conflicto y limitar la acción armada a un simple actuar de bandas del narcotráfico, donde paramilitares y guerrillas significan lo mismo y su lucha se dá en la competencia que existe por rutas y mercados de la droga. Bajo este argumento la lucha armada no comprende ningún fin político, por lo tanto discusiones como el estatus de Beligerancia, el intercambio de prisioneros y la solución política del conflicto no tiene cabida en la agenda política del gobierno nacional.

Seguidamente otra característica propia del gobierno nacional es la de dibujar la lucha armada y social en el marco de la acción preventiva, el enemigo interno, y los grupos terroristas. Desde esta lógica, todo accionar armado se reduce a hacer parte de una “amenaza terrorista” latente al interior del territorio que quiere atentar contra el gobierno nacional y el gobierno estadounidense. La lucha social se estigmatiza como “apología al

terrorismo” y de esta forma se manipula y doblegan las intenciones de cambio y transformación social, generando un hilo de vulnerabilidad sobre las poblaciones y sectores sociales que se atrevan a proponer nuevas formas de vida.

Este sometimiento ideológico se fortalece con la ayuda económica y tecnológica, recibida del gobierno estadounidense y la entrega de territorios para que los militares extranjeros instalen sus bases de dominación supranacional.

Bajo estos preceptos ideológicos del terrorismo, el gobierno nacional desconoce la existencia del conflicto social y armado y cierra toda posible vía que nos lleve a encontrar una solución política y negociada entre los diversos actores.

Ante esta actitud, se contrapone la de la sociedad internacional vecina, principalmente Venezuela y Ecuador, quienes padecen los alcances del conflicto colombiano y sus incidencias en sus propios países. Estos gobiernos han promovido a nivel internacional una cruzada para la solución política y negociada en Colombia, para lo cual han puesto recursos y presupuestos en pro de lograr dosificar los impactos de nuestra guerra nacional.

Así mismo, diferentes organizaciones sociales y populares que recogen varios sectores de la población, han articulado diversas iniciativas en pro de la solución política del conflicto, promoviendo a través de un dialogo fluido con la guerrilla de las FARC–EP, liberaciones unilaterales de rehenes que permitan tomar confianza hacia un acuerdo humanitario, - intercambio de prisioneros de guerra -, como el primer paso, para que las partes logren sentarse en la mesa a dialogar, y así generar caminos de paz que permitan la eliminación de las causas políticas, económicas y sociales promotoras del conflicto y de la desigualdad social que reina en nuestro país.

PERSPECTIVAS HACIA LA SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO

1. El reconocimiento del conflicto en su complejidad es un paso necesario en la búsqueda de su solución. El actual conflicto no se reduce sólo a su dimensión armada, sino que la exclusión de orden económico, político y

social se encuentra en la raíz del mismo, siendo parte integrante de éste. Así mismo, el entendimiento de la solución del conflicto como motor de cambio social y el reconocimiento del papel activo que todos los colombianos -no sólo de las partes enfrentadas en la confrontación militar- debemos asumir en su solución, son indispensables en la búsqueda de salidas estructurales y de largo plazo para terminar la guerra.

Otro de los reconocimientos que debe hacerse es que la vía militar como forma de resolver el conflicto ha fracasado, hecho que ha sido demostrado a través de décadas, ya que ha sido la apuesta de “solución” hecha por el establecimiento durante los ya casi 50 años de guerra. El mito de la victoria militar como salida al conflicto no constituye una solución real ni estructural al mismo, puesto sus profundas raíces sociales hacen que su superación vaya más allá de la rendición de alguno de los contendientes armados.

Nuestro largo conflicto social y armado es un problema que debe ser resuelto de raíz, aprendiendo de las experiencias fallidas. La única salida duradera y sólida es la solución política y la búsqueda caminos de paz cimentada en la justicia social. La solución política al conflicto social y armado debe entenderse como el proceso de transformaciones políticas, sociales y económicas necesario para la superación de las causas estructurales que le dieron origen. La solución política no es la pax romana no como la paz de los sepulcros sino la generación de condiciones económicas, sociales y políticas para que las mayorías tradicionalmente excluidas lleguen a tener condiciones de vida y de dignidad necesarias para la solución de los conflictos por vías diferentes a la armada.

La solución política requiere de la participación y acompañamiento de todas las fuerzas vivas del país, afectadas e involucradas dentro del mismo. Cualquier apertura de diálogos que pretenda construir salidas estructurales al mismo debe iniciarse con la construcción de una agenda de paz que integre los aspectos propios del desarrollo de la guerra, pero también sus causales y combustibles. En estos, deben tratarse los grandes temas nacionales que generen garantías para la paz, estos incluyen la apertura democrática del sistema político colombiano, así como la resolución de problemáticas sociales acuciantes como las de la concentración de la tierra y el desempleo, es decir, se trata de la paz en una condición de justicia social.

Desde el Cabildo Abierto hacemos un llamado a los movimientos sociales para hacer confluir sus propuestas y reivindicaciones con la apertura de un verdadero proceso de diálogo en pos de la salida política. El problema de la guerra y la paz no es una cuestión de los grupos en conflicto sino de toda la sociedad colombiana y nuestro compromiso activo es un deber de todos los demócratas, humanistas y luchadores sociales. Parte angular de una verdadera solución política será un amplio y fuerte movimiento de masas por la paz de nuestro país, deliberativo, propositivo y dispuesto a la movilización en pos del clamor central de nuestro pueblo: la paz con justicia social.

Una solución política del conflicto requiere de un Estado que brinde garantías para la asociación, para la movilización ciudadana y para el ejercicio de la oposición política, en el que la democracia supere el marco limitado de las libertades individuales reivindicadas por la burguesía hacia el reconocimiento de una libertad colectiva que sólo es posible concretar por medio de la justicia social.

Los cambios requeridos para la salida política del conflicto son estructurales, estos deben incluir reformas políticas e institucionales sustanciales, en función de las cuales se hace necesaria la concreción de una nueva Constituyente a través de la cual puedan repensarse las bases sobre las que se construirá el país.

2. El intercambio humanitario de prisioneros constituye un paso esencial en la búsqueda de salidas políticas al conflicto, puesto que éste sigue constituyendo la única alternativa real que existe para garantizar el retorno a la libertad de la totalidad de los retenidos políticos sin poner en riesgo su integridad física. El sufrimiento de los militares retenidos, de los presos políticos y de sus respectivas familias, debe aliviarse cuanto antes, convirtiéndose en un paso certero hacia verdaderos acuerdos que avancen en la finalización de la guerra.

Mientras tanto, el gobierno, sigue sometiendo a los prisioneros a la ruleta rusa de los rescates militares que pueden comprometer la integridad física y la vida misma de los retenidos -cómo ha sido demostrado en múltiples oportunidades-, o al intercambio de dinero por retenidos, bajo fachadas de operaciones rimbombantes o bajo nombres eufemísticos como las llamadas “acciones humanitarias de autoridad” . Esta parece ser la única propuesta

hecha por el actual gobierno, síntoma del tratamiento dado por este a los militares retenidos como trofeos de guerra intercambiables por una suma de dinero, poniendo por encima de la libertad de nuestros compatriotas la tozudez de mostrarse fuerte aún a costa del sufrimiento de los cientos de colombianos privados de su libertad.

El intercambio de prisioneros no implica la rendición de ninguna de las partes ni tampoco la desmovilización de quienes son liberados, no constituye tampoco un “intercambio humanitario de claudicación” como argumenta Álvaro Uribe, pues ninguno de los contendientes armados que tienen en su poder retenidos del otro bando estarían declarando su rendición como el concepto de claudicación lo insinúa. No obstante constituye un paso esencial para avanzar hacia la conquista de la tan anhelada paz con justicia social, partiendo del reconocimiento del contrario y la construcción de confianzas para la resolución del conflicto.

El intercambio humanitario tiene antecedentes históricos nacionales e internacionales. Desde el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra firmado entre Bolívar y Morillo en 1820, hasta el Acuerdo de Los Pozos realizado en 2001 demuestran la viabilidad jurídica, política y humana para la libertad de los retenidos por los bandos. No es un problema numérico frente a los prisioneros. Un estado como el de Israel ha firmado un intercambio humanitario en el año 2008 con un grupo como Hezbollá, donde ha liberado importantes 5 importantes presos políticos condenados a cadena perpetua a cambio de recibir los cuerpos de dos soldados israelíes. No hay tampoco impedimento judicial para la liberación de los prisioneros de guerra, ni de la de los presos de conciencia, cuando el mismo presidente Uribe excarceló unilateralmente y extra-procesalmente al guerrillero Rodrigo Granda. El problema del intercambio ha sido y sigue siendo la voluntad política, y desde el Cabildo Abierto seguiremos en la brega por obtener escucha a este clamor.

3. El fracasado proceso de paz con los paramilitares demuestra que la entrega de armas no es garantía para la resolución del conflicto; un proceso truncado ya que no existe ni verdad ni reparación para las víctimas ni para el país, que no se compadece con el ingente daño causado por estas bandas a millones de colombianos.

El paramilitarismo sin dejar de operar se ha renombrado como “bandas emergentes”, “águilas negras”, “BACRIM” y en muchos casos ha legalizado su labor a través de la acción directa de las FFMM oficiales, como lo demuestran los tristemente célebres “falsos positivos.” El verdadero desmonte del paramilitarismo debe partir de una decisión de Estado, atacando realmente a la fuerza social que se esconde tras él: los especuladores del negocio de la tierra, las grandes transnacionales, los altos mandos militares, y los gamonales del clientelismo, en contubernio todos con las mafias del narcotráfico.

La extradición de los máximos jefes desmovilizados ha dificultado en extremo las claridades necesarias sobre los crímenes de guerra cometidos, sus cómplices y la continuidad de la violencia paramilitar en la actualidad. El retorno de los jefes paramilitares a Colombia para rendir cuentas ante nuestra justicia, para pagar por los crímenes cometidos en nuestro país y para cumplir con su deber de informar toda la verdad oculta hasta hoy en torno a su financiación, apoyo y relacionamiento, es una condición ineludible para la paz. Las tierras y demás bienes arrebatados a sangre y fuego a los campesinos y al pueblo colombiano, deben volver a sus verdaderos dueños y no seguir extraviadas entre los testaferros y el Estado.

4. La superación del conflicto social y armado requiere de unas Fuerzas Militares para la paz, cuya base sea un nuevo mando militar formado en la defensa de nuestra soberanía nacional y el respeto a las libertades ciudadanas; Colombia necesita una nuevas FFAA purgadas de la Doctrina de Seguridad Nacional con base en la cual ha actuado durante décadas bajo el supuesto de la existencia del “enemigo interno”. La depuración de la oficialidad implicada en violaciones de DDHH en asocio con el paramilitarismo y el narcotráfico, en asesinatos de civiles como los denominados “falsos positivos” y en casos de corrupción, es otra de las tareas ineludibles hacia la consolidación de la paz. Se requiere barrer con cualquier resquicio del fuero militar detrás del que pretenden esconderse los criminales de guerra y rechazar firmemente los intentos fascistas por la restitución de modalidades afines a la impunidad.

El presupuesto de estas FFMM debe ser coherente con las nuevas necesidades del país; no es sostenible para un país que aspira saldar la brecha social que ha sido combustible del conflicto armado, mantener un

presupuesto militar cercano al 7% del PIB requiriendo cada año el aumento de la carga tributaria para alimentar la guerra como sucede en la actualidad, con un pie de fuerza hipertrofiado que se ha cuadruplicado en la última década y un pasivo pensional que crece hacia el infinito. En ningún otro momento de la historia colombiana el porcentaje de inversión en guerra fue tan alto, este presenta una tendencia creciente desde el año 1991, pasando del 2% al 6,32% en 2007 y al 6,5% en 2008. Este corresponde al más alto nivel de inversión en guerra del continente americano y a uno de los más elevados del mundo, por encima de Estados Unidos (4,04% del PIB) o los países europeos pertenecientes a la OTAN (alrededor del 2% del PIB). La salida política al conflicto requiere de la reducción y readecuación técnica, presupuestal y operacional del Ejército para la preservación de paz en las fronteras; la Policía deberá reorganizarse para garantizar la seguridad ciudadana.

5. Una salida política requerirá también del cese de las políticas intervencionistas que han estado presentes en las diversas etapas del conflicto y que han constituido uno de los motores centrales de su escalamiento. El episodio más reciente de intervencionismo en el conflicto colombiano lo constituye la firma del denominado “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad” entre Colombia y los EEUU, en el marco del cual se autoriza al personal militar norteamericano el acceso y uso de al menos siete (7) bases militares colombianas. Estas bases neocoloniales, aunadas a décadas de intervención militar directa a través de asesores, financiación, instructores, ayuda técnica y demás son violatorias a nuestra independencia y mancillan la gesta patriótica por la que regaron su sangre los colombianos hace 200 años.

La decisión de Washington de hacer expresa su participación en la guerra colombiana se explica gracias a que nuestro conflicto se ha convertido en una verdadera conflagración regional. De forma vergonzosa el suelo patrio se ha convertido en la cabeza de playa de los yanquis para la agresión a los gobiernos alternativos de Suramérica. Por ello la paz en nuestro país, es la paz para el continente: el desarme de las bases norteamericanas, el retiro de la IV Flota y el desmonte del Plan Colombia II, son caminos certeros para desactivar la carrera armamentista que perjudica a la región.

Dada esta dimensión del conflicto colombiano, visualizamos la participación de la comunidad internacional como esencial en el proceso de solución política, enmarcada ésta dentro de los principios de soberanía nacional e independencia política. Planteamos a la Comunidad Suramericana de Naciones, UNASUR, como mediador para el inicio de diálogos de paz, partiendo de escuchar a las partes en contienda.

La búsqueda de la salida política al conflicto requiere de la construcción de propuestas en torno a un nuevo país, así como de la definición de una agenda de lucha y movilización de los sectores sociales comprometidos con esta opción. La Marcha Patriótica y el Cabildo abierto por la Independencia no pueden ser inferiores a esta necesidad histórica, y deben aportar en tal sentido; no puede desaprovecharse esta magnífica oportunidad en la que miles de colombianos procedentes de diversas regiones del país, afectados por el conflicto en sus múltiples expresiones y afines a la salida política nos congregamos para celebrar el bicentenario de nuestra primera gesta independentista, así como la continuación de la lucha por una independencia definitiva. La construcción de una agenda nacional de lucha por la solución política y un gran movimiento de masas por la paz y el intercambio humanitario es una labor histórica ineludible en la que estamos llamados a contribuir.

Cabildo Temático Desplazamiento forzado

En nuestro País el desplazamiento, es desconocido por quienes ostentan el poder político y económico y los principales soportes de estos modelos de gobernabilidad, que son los medios de comunicación, hablados, escritos y televisados. Las organizaciones de población desplazada que suscribimos el presente documento, nos sumamos a la preparación y desarrollo de la marcha patriótica, con el siguiente análisis.

Para referirnos al desplazamiento, es necesario recordar que este empezó con la invasión Española en 1492 que produjo el exterminio masivo de los Indígenas Mayas y Aztecas en México, Incas en el Perú, Chibchas y otras etnias, en lo que hoy se denomina el territorio colombiano y los que por fortuna, no fueron exterminados, fueron desplazados a lo profundo de las selvas del hoy denominado territorio latino-americano.

El siglo XX que es el más referenciado por nosotros, se caracterizó por la oleada de desplazamiento, dentro de esos ejemplos históricos de terrorismo, propiciado por la clase oligárquica y gobernante, en una de las etapas más criminales, hasta ahora conocidas: la década de los 50s: de cada 10 Colombianos, vivían 7 en el campo y 3 en poblados y ciudades y los regímenes de la época, encabezados por Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, que valiéndose de bandas de policías Chula vitas y Pájaros, hoy, más conocidos, como grupos paramilitares, desarrollaron el terror criminal, contra bastas regiones Campesinas é Indígenas y Afro-colombianos, con el propósito de despojarlos de sus tierras y territorios.

Lo anterior, arrojó como resultado, que se invirtieran los números: de cada 10 colombianos, solo quedaron 3 en el campo y los demás, fueron brutalmente asesinados, desaparecidos o desplazados, a los poblados y ciudades. Esta etapa de barbarie, finalmente fue consolidada con la alianza de los 2 partidos tradicionales, a través del frente Nacional, cuyo objetivo

principal, fue el reparto del poder político, en forma alternada, cada cuatro años.

El desplazamiento violento, le ha cérvido, para conseguir 2 objetivos: Uno, desarticular los movimientos políticos de los obreros, campesinos é Indígenas y Afro-colombianos, dos evitar que en Colombia halla una verdadera reforma agraria. Estas causas fueron las verdaderas razones que dieron origen al surgimiento de la resistencia campesina é indígena, que se ha prolongado sin tregua hasta nuestros días, en la búsqueda de un futuro mejor para nuestro pueblo.

Otro ejemplo de la victimización del pueblo trabajador, lo constituyen los últimos 24 años: masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, encarcelamientos en masa, falsos positivos, violaciones, etc., son el pan de cada día. Esa fue la respuesta de la extrema derecha oligárquica, a lo que pudo ser la oportunidad, para que se diera una salida negociada al conflicto social y armado que afronta el país. En 1986, volvieron a repetir la historia de los 50s, estructuraron el sicariato, que finalmente fue perfeccionado, con la conformación de los ejércitos paramilitares. Esta vez contaron con un excelente aliado; los famosos carteles de las droga, que se fusionaron con el paramilitarismo y la para política y como resultado de esta mescla, surge el para Estado.

Al sembrar el terror en los campos, produjeron y continúan produciendo la segunda oleada más grande del desplazamiento del siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, según estimativos, hay cinco millones de desarraigados; cabe destacar que muchas víctimas de este flagelo, por falta de orientación, no declaran, otros porque no le ven importancia a ese hecho y otros porque el gobierno, manipula y les niega la inclusión en el RUD, sobre todo, cuando el declarante, sindica de su desarraigo, al Estado o a los paramilitares, aduciendo además que estos últimos ya no existen.

Esta política criminal les ha reportado a su favor: según informes recientes; el 0,4% de los terratenientes, entre los que se encuentran los narco para militares, poseen el 61.8% de las mejores tierras y el 99.6% de los habitantes del campo, poseen el 38.2%, a lo que se suman un millón quinientas mil familias rurales desposeídas y en condiciones de miseria. Hoy le han sumado, dos jugosos negocios más: el mercado de la vivienda en las ciudades que

crecen en forma acelerada y en desorden y los urbanizadores multiplican sus ganancias y el otro: el mercado laboral que les permite, regocijarse con un ejército de desocupados que claman un mísero salario.

Este corto análisis de la historia del desplazamiento, en nuestro país, nos lleva a concluir que la estrategia política de los gobernantes de turno, consiste en mantener dispersos a los movimientos sociales y muy especialmente a los desplazados: nos destierran de las regiones de origen y refuerzan dicha estrategia en los poblados y ciudades, para que aun, integrados en pequeñas organizaciones, nos mantengamos divididos, sumándose a esto el tratamiento individual de toda esta problemática, incluso intentando desprestigiar a la dirigencia, con el claro propósito de restarnos capacidad para organizar las verdaderas acciones que se requieren para conquistar una solución definitiva a este flagelo.

Los desplazados no somos desplazados "por la violencia" si no que la violencia es sólo el instrumento que se utiliza para expulsar a la población. Las verdaderas razones y causas del desplazamiento son cuatro:

1. El control de territorios por su significado militar y político dentro de la confrontación armada, pues tal como lo afirma Gustavo Zarate “La disputa de la tierra como base material del control territorial, le da a la tierra un valor no solo socioeconómico sino que se convierte en factor estratégico para los proyectos insurgentes y contrainsurgentes que hacen presencia en el territorio en disputa... En este contexto, se ha perseguido y desplazado a los productores de la economía campesina bajo el pretexto de eliminar la base de apoyo de la insurgencia armada, lo que en la práctica ha significado la imposición de una contrarreforma agraria”

2. El control de territorios estratégicos por sus recursos o por la perspectiva de beneficios derivados de la próxima instalación en ellos de proyectos de desarrollo de gran envergadura. Al respecto es bastante ilustrativo el economista Héctor Mondragón, cuando afirma que “se ha globalizado el problema agrario... El campesinado ya no enfrenta solo ni principalmente a la vía terrateniente sino especialmente al capital transnacional y su modelo de globalización,

que necesita limpiar el territorio de gente ineficiente y lo está tratando de hacer mediante la guerra... El sector agropecuario es considerado, en la práctica y en los planes de desarrollo globales de las transnacionales, como algo subordinado. Hay otras ramas que son prioritarias y es a partir de ellas que se realiza una contrarreforma agraria. Son los sectores petrolero, minero y vial los que se consideran fundamentales y se han tomado medidas, y se van a seguir tomando medidas legales e ilegales de orden expropiatorio en contra de los campesinos, indígenas, comunidades negras, en torno a lo que son los proyectos petroleros y mineros, los megaproyectos eléctricos o viales y los proyectos de palma africana, madereros y de exploración biológica y genética que se realizan en diferentes sitios del país.

3. Cuatro megaproyectos viales terrestres - fluviales – portuarios realizables a largo o muy largo plazo, deben ser especialmente mencionados:

* El canal seco Atlántico – Pacífico (Atrato – Truando) y sus conexiones con el ferrocarril Medellín – Buenaventura y las carreteras del Pacífico a Medellín y Pereria.

* La carretera Urabá – Maracaibo (Venezuela)

* La intercomunicación río Orinoco – río Meta – Buenaventura.

* La intercomunicación fluvial de Sudamérica: río de la Plata – Amazonas – Napo – Putumayo – Tumaco, con puerto fluvial y seco en Puerto Asís.

El canal seco Atlántico – Pacífico, de las vecindades del Atrato, es una prioridad porque está dentro del proceso global económico y se le asigna a Colombia. Allí se desarrolla un violento proceso expropiatorio, al igual que en las tierras de Córdoba y Cesar que están sobre la proyectada autopista Urabá – Maracaibo. En el río Meta (Puerto López, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa), se ha producido durante las últimas dos décadas, una masiva compra de tierras y presencia de paramilitares financiados por los compradores. Este es el proyecto al que se le apostó en el gobierno Pastrana y cuya pieza básica es la privatización del río Meta, anunciada por el Ministerio de Transporte”

4. Una cuarta causa y que se deriva de la anterior, la constituye la intención estatal de insertar regiones tradicionalmente excluidas del proyecto Nación a éste, cuando durante todo ese tiempo de exclusión en estas zonas se consolidó un proyecto propio y autónomo, que no siempre converge con el estatal, por lo cual el Estado debe negociar con los micro poderes locales o recurrir a la fuerza para imponer su proyecto, agravando la situación de violencia y generando desplazamientos forzados.

Atraviesa a las anteriores razones de desplazamiento “un patrón de concentración de la propiedad que es posible asociar con los comportamientos migratorios: Los departamentos en donde existen los mayores niveles de concentración de la propiedad tienen a ser los lugares de origen de las mayores migraciones y en donde ocurren los mayores desplazamientos violentos”

El anterior contexto nos permite ubicar el desplazamiento forzado vinculado a factores estructurales de expansión del capital y a la necesidad de control y expansión del Estado modernizante, retomando a Mondragón, pareciera que “no solo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados”.

Así, el desplazamiento forzado, se ha constituido en la herramienta más efectiva para la consolidación de intereses políticos, y de proyectos económicos principalmente de transnacionales extranjeras, detrás de los cuales está la estrategia de grupos paramilitares, responsables de miles de ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, y que han actuado en muchos casos bajo la complicidad y anuencia de diversos órganos del Estado y de narcotraficantes, con el objetivo de lograr la expansión de su control social y político a través de todo el territorio nacional.

Si los millones de desplazados continuamos dispersos por todo el país, en pequeñas organizaciones, sin capacidad de convocatoria, apenas ayudando a resolver pequeños problemas de nuestros respectivos afiliados, estaríamos navegando eternamente en un círculo vicioso y la suma del desplazamiento, continuaría creciendo para bien de los verdaderos dueños del país.

La crisis humanitaria se agudiza; para solo citar un ejemplo, según estadísticas, entran a Bogotá 53 familias diarias, en condición de desplazados, sumemos el resto que entra a las demás ciudades y poblados del país y entenderemos la magnitud del problema. No esperemos que el desplazamiento de los que por fortuna logramos sobrevivir a este conflicto, nos asfixie, sentemos las bases de la unidad nacional, alrededor de un programa que contemple todos los objetivos comunes, para conquistar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas.

Tenemos que agregar, que el Estado y sus gobernantes de turno, han maniobrado, a través de decretos y leyes tramposas y amañadas, para desconocer su propia responsabilidad, frente a esta endemia, señalando como únicos culpables a los grupos denominados al margen de la ley y para completar la burla, señala en su legislación, que el espíritu de reparación por estos efectos, es solidario, dicho de otra manera, nos aplican la guerra para desterrarnos y luego le tenernos que dar las gracias por las migajas de la llamada reparación por vía administrativa. De este paquete legislativo, que hábilmente ha logrado construir el actual gobierno, de los cuales se derivan las llamadas políticas públicas, ninguno, califica para hablar de una verdadera reparación integral para las víctimas.

En materia de ayudas de emergencia, estas equivalen a migajas que no resuelven nada: el auxilio para mercado, arriendo y utensilios de cocina, para los que tengan suerte y se los aprueben, son un sofisma de distracción que mitiga por una vez la necesidad y los que tienen suerte y les aprueban, el millón quinientos mil pesos, en su mayoría, tienen que dedicarse a vender minutos en la calle, o tamales en una halla callejera ¿con esta solución, podremos sentirnos reparados, después que debido al desarraigo, hemos perdido en finca, semovientes y otros, mucho más que eso?.

Otro tema importante en el proceso de construcción de la agenda común para la unidad programática y a futuro orgánica, está relacionado, con los demagógicos subsidios de vivienda que nunca llegan, otra: la famosa reubicación, sin contar los riesgos a que han sido sometidas estas familias, que han tenido que re-desplazarse, o han caído víctimas de los narco-para-terratenientes.

Siguiendo con el tema, nos referimos a los derechos humanos, que encierran la medula de este flagelo, incluyendo el derecho a la vida, que en si es lo mas preciado, pues no podemos contentarnos o convencernos de los anuncios demagógicos del gobierno, cuando siguen las masacres, asesinatos selectivos, encarcelamientos, que se enmarcan dentro de los mal llamados, “falsos positivos” bajo la conocida sindicación de supuestamente pertenecer a las guerrillas: siguen los bombardeos, las amenazas y finalmente el flagelo del desplazamiento, continua intacto.

Para preparar las bases de un proceso unitario, alrededor de las víctimas de este flagelo, debemos recorrer un largo trecho, ya que como lo hemos reiterado, las estrategias gubernamentales, en todo sentido, van encaminadas a dispersar y dividir al movimiento, como garantía, para consolidar el desplazamiento.

Frente a estas consideraciones, que son un abre bocas de la rica discusión que nos debe concitar, proponemos que el cabildo, derivado de la marcha patriótica, se convierta en permanente, para debatir los grandes problemas que aquejan a nuestro país y que en el problema puntual de los desplazados, nos sirva para promover con mayor éxito nuestro primer congreso de unidad de las víctimas de este flagelo criminal. Chutemos a todas nuestras organizaciones hermanas del país, este urgente llamado, consignado en este documento, para que empecemos a construir la mencionada agenda unitaria.

Los retos del presente periodo

* Las OPD que suscribimos el presente documento, proponemos al conjunto de organizaciones de población desplazada del país, acompañar la petición a la corte constitucional, para que no levante la medida de estado de cosas inconstitucional, hasta tanto no haya soluciones de fondo a la grave situación de la PD, consideramos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ha actuado con negligencia, frente a las órdenes emanadas de la corte, con evidente falta de voluntad política para dar solución duradera a la problemática de la población desplazada.

* Propuestas de incidencia en política pública.

* Prevención del crimen de desplazamiento.

* Proponemos abrir el debate sobre las mediadas que deben adoptarse para dar por terminada la reproducción de este crimen de lesa humanidad, para ello es necesario que la sociedad entera se levante en la exigencia de solución política negociada al conflicto, transitando por la superación de todas la causas que lo generaron.

Medida urgente en este sentido es la implementación de una reforma agraria de carácter democrático, que devuelva a los campesinos la tierra usurpada y se creen las condiciones para qué la economía campesina resurja con la vitalidad económica que permita su viabilidad, particularmente, favoreciendo la producción de alimentos, en este sentido la campaña considera que la suscripción de TLC deben darse en términos de igualdad y respeto a la soberanía nacional y los derechos humanos, una medida transitoria debe ser el establecimiento de zonas de reserva campesina, zonas humanitarias, distritos agrícolas y de otros mecanismos.

* Un debate necesario en el tema del desplazamiento, es la discusión de la declaración de una emergencia social y humanitaria que permita adoptar medidas en materia de tierras, vivienda, salud, retornos, titulación, exenciones tributaria a los campesinos, verdad, justicia, reparación integra, restitución de bienes y garantías de no repetición. Consideramos que hoy está agotada la vía legislativa para dar soluciones duraderas a las víctimas del conflicto, por tanto abogamos por el establecimiento a partir de la emergencia social y humanitaria de un estatuto para la prevención y superación definitiva del crimen del desplazamiento.

* Proponemos la creación de un ente mixto de manejo de la problemática del desplazamiento, integrado tanto por organizaciones de población desplazada, instituciones gubernamentales y representantes de la sociedad civil que vienen formulando una serie de propuestas e iniciativas para la superación del estado de cosas inconstitucional, a cargo de este ente mixto, estará el manejo del fondo para la superación del estado de cosas inconstitucional.

* Las organizaciones de PD insistimos en la necesidad de una ley de víctimas que realmente permita que las víctimas del desplazamiento puedan acceder

a los derechos a verdad, justicia y reparación integral y no repetición, seguimos considerando que el decreto 1290/08, no satisface plenamente estos derechos, tampoco lo hacen la ley 975/05 o Ley de justicia y paz.

* Respecto a temas como reparación, retorno, reubicación y titulación, las OPD consideramos que actualmente no existe por parte del gobierno ningún tipo de propuesta que permita a las víctimas del desplazamiento alternativas seguras y de estabilización socioeconómica, por tanto se exige que el gobierno abra los escenarios institucionales y se convoque a las organizaciones de población desplazada para el diseño de programas reales que permitan a los desplazados el acceso a estos derechos de manera más efectiva.

Rechazamos la práctica que al actualmente impulsa acción social y de algunos gobiernos territoriales de incluir en las cifras de retornos exitosos, los desplazados con inscripción en el registro, que se vieron obligados a regresar a sus territorios sin que a ellos se les haya reconocido los más mínimos derechos y garantías.

* En materia de protección de tierras y prevención del desplazamiento demandamos del gobierno nacional una política más audaz que no permita la venta de tierras en zonas donde continúan actuando los grupos y bandas emergentes. Proponemos se incorporé a ruta de protección la propuesta de catastro alternativo del despojo como herramienta para la protección de los bienes de la población desplazada. Así mismo, solicitamos se legisle prontamente para permitir la condonación de todas las deudas de impuesto predial, de servicios públicos y créditos agrarios de las tierras de las víctimas del desplazamiento.

* El derecho a la Salud de la población desplazada, cada día es más inaccesible, por tanto las OPD, propone el establecimiento de un pos especializado para las víctimas del crimen del desplazamiento, el cual debe contener, atención integral a todas las enfermedades que presenta la población desplazada, incluidos el tratamiento, los medicamentos y las cirugías requeridas, la salud para la población desplazada de estar a cargo de los recursos del gobierno nacional y no puede representar un ningún tipo de costos ni barreras en el acceso para los desplazados.

* En materia de educación exigimos la gratuidad absoluta para la educación de población desplazada en todos los niveles, incluyendo programas de estímulos y facilidades para la formación media, técnica y profesional de las familias desplazadas.

* En cuanto al derecho a la vivienda, queremos insistir en la urgente necesidad que desde el gobierno nacional se apropien los recursos necesarios para el desarrollo de un programa de vivienda de interés social por auto construcción, que construya por lo menos 100.000 soluciones, cada año, viviendas urbanas y rurales, de un área no un menor a 72 m², respetando la diversidad regional y cultural, estas deben otorgarse a familias de población desplazada, de manera gratuita.

* Entre las medidas urgentes que deben diseñar los gobiernos nacional y territorial, para brindar alternativas serias de superación de la problemática del desplazamiento, proponemos la creación de programas de empleo estable y duradero que permita la vinculación de población desplazada.

* Las OPD insistimos ante el estado colombiano en la urgente necesidad de diseñar planes y programas efectivos que proporcione soluciones duraderas y prontas que le permitan a las mujeres desplazadas, el restablecimiento de sus derechos, tanto para el acceso a la tierra, la formación personal, la salud, sexual y reproductiva, el acceso al empleo, crédito y la protección a la honra, la integridad personal y la vida de las mujeres desplazadas.

* Frente al tema presupuestal y ante el grave reto que supone la superación del estado de cosas inconstitucional es necesario que el gobierno aumente los esfuerzos para la búsqueda de recursos que permitan elevar el presupuesto actualmente asignado, nos permitimos aquí bosquejar algunas iniciativas que podrían apuntar a triplicar este presupuesto, y crear un fondo especial para la superación del estado de cosas inconstitucional. El cual se establecerá a partir de las siguientes fuentes financieras:

• Destinar un punto del actual IVA, para el fortalecimiento del fondo

• Destinar un 25% del impuesto al patrimonio lo que significaría, una importante fuente de recursos para fortalecer las necesidades de la población desplazada.

• Orientar la totalidad del valor resultante de los remates a todos los bienes muebles y dineros incautados al narcotráfico y a los grupos armados ilegales para el fortalecimiento del mencionado fondo.

• Crear un gravamen transitorio para el sistema financiero que el año 2009 reportó utilidades superiores a los 4 billones de pesos

• Suspender las exenciones tributarias a las transnacionales y a la inversión extranjera lo que significaría un recaudo de cerca de 3.6 billones de pesos

• Devolución de la totalidad de los recursos regalados a los beneficiarios del programa agro ingreso seguro, a través de procesos jurídicos ejecutivos.

• Regalías, de las cuales proponemos se destine un porcentaje para el fortalecimiento del Fondo Integral a la Población Desplazada.

PROPUESTAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO

La respuesta más eficaz de las OPD en la lucha por la superación del estado de cosas inconstitucional, es el fortalecimiento de los procesos organizativos que permita aumentar la coordinación de iniciativas de movilización e incidencia en la política pública, en este sentido se permite poner en consideración las siguientes propuestas:

Congreso Nacional de población desplazada, el cual se propone se realice a partir de 18 eventos regionales durante el año 2010 - 2011, y un gran evento nacional en la ciudad de Bogotá que reúna a 1000 delegados surgidos de estos eventos preparatorios, el objetivo de este Congreso debe ser la realización de una evaluación política del la responsabilidad del estado colombiano para la superación del estado de cosas inconstitucional.

Igualmente se propone realizar el segundo tribunal internacional de opinión, el cual se realizaría en el año 2011, con la participación de por lo menos 30 jueces integrados por delegados de organizaciones políticas, sociales,

parlamentarias y gubernamentales y/o de cooperación, los cuales dotados de autoridad política y ética, escucharían los testimonios y casos documentados sobre el crimen del desplazamiento forzado interno en Colombia y la relación de éste con el despojo de tierras la impunidad y la corrupción.

Impulsar una escuela permanente de formación de OPD, financiada por el gobierno nacional y territorial, y desarrollada con la autonomía de las organizaciones, que permita la formación de líderes y lideresas de la población desplazada, preparados para la discusión y la incidencia la formulación de política pública.

El movimiento de desplazados, debe elaborar una encuesta, a partir de los comités departamentales y municipales de atención a la población desplazada, que permita evaluar hasta qué punto las víctimas del crimen del desplazamiento pueden percibir los cambios introducidos en la atención por el gobierno nacional o por el contrario identificar los retrocesos.

Proponemos se adopte los instrumentos elaborados por el catastro alternativo del despojo, para iniciar una campaña nacional de documentación de casos de desplazamiento-despojo que ha beneficiado a trasnacionales, terratenientes y para políticos.

Las OPD deben realizar una propia definición de goce efectivo de derechos, que defina lo que significa soluciones efectivas y duraderas para las víctimas del desplazamiento, el cual pueda aplicarse a lo largo y ancho del territorio nacional, a las comunidades étnicas, a las mujeres.